EL PNV APOYA UNA RESPUESTA AUTOMATICA DESDE BRUSELAS A VULNERACIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UE

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 La vicepresidenta del grupo ALDE ha apoyado hoy en Estrasburgo el requerimiento que el informe bianual sobre Derechos Humanos en Europa efectúa a la Comisión para que adopte un papel más activo y objetivo en la defensa de los mismos dentro de la Unión. Izaskun Bilbao Barandica apuesta por que al menos se apliquen los mecanismos ya existentes para corregir abusos  y considera que denuncias reiteradas sobre vulneraciones sistemáticas como las planteadas sobre España en los últimos años, “merecen, como defiende  este informe, una evaluación objetiva y transparente,  y deberían dar lugar a una activación automática de mecanismos de corrección”.

 El Parlamento Europeo aprueba anualmente un informe sobre el estado de los derechos humanos de la Unión.  El pleno de la eurocámara debate hoy en Estrasburgo este documento que, en líneas generales apuesta por que la Comisión Europea adopte un papel más activo en defensa de los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea.  La necesidad de acuerdos unánimes en el consejo para abrir procesos de infracción por este tipo de problemas; una aplicación timorata de las previsiones de varios artículos de los tratados que permiten sancionar a los estados incumplidores y la igualmente tímida utilización de los procedimientos establecidos en elmarco para la defensa de los derechos humanos aprobado por la Comisión europea en 2014  son razones que se apuntan en el informe para explicar las escasísimas ocasiones en que el gobierno comunitario ha intervenido en este campo.

 La vicepresidenta del grupo ALDE ha recordado durante el debate que “Los principios de la carta Europea de Derechos Fundamentales son prepolíticos” y ha destacado que el principio de subsidiariedad, una de las grandes excusas utilizadas para no intervenir no lo son. “ La credibilidad en esta materia se gana, ha dicho Izaskun Bilbao Barandica,  cuando la ciudadanía percibe que  se obra en consecuencia”. A continuación la eurodiputada vasca ha desgranado algunas de las cuestiones incorporadas a sus iniciativas parlamentarias en esta materia. “ La restricción de derechos y libertades básicas como los de manifestación y reunión; la acumulación de condenas por no investigar torturas; la negativa a seguir las recomendaciones de la ONU para ofrecer justicia y reparación a miles de víctimas de una dictadura;  el no reconocimiento de penas cumplidas en otros países por puras razones de oportunidad electoral, con el acompañamiento de jueces sumisos que incumplen claramente legislación europea, son parte de las muchas denuncias que hemos traído aquí sobre el deterioro sistemático de las libertades en España.  Merecen, como defiende  este informe, una evaluación objetiva y transparente,  y deberían dar lugar a una activación automática de mecanismos de corrección”.

 El Parlamento Europeo apuesta este año en su informe por superar esta inacción, que critica con dureza  y apunta incluso la necesidad de reformar los tratados para favorecer un papel más activo del gobierno comunitario en la vigilancia de la calidad democrática de los socios de la unión. Igualmente y a propuesta del intergrupo de minorías y mediante enmiendas igualmente firmadas por los jeltzales propugna porque se exija a los estados miembros lo mismo que a los nuevos socios, extremo que no ocurre, Por ejemplo en materia de respeto a los derechos lingüísticos de las minorías. En este campo se da la paradoja de que hay estados miembros como Francia que no suscriben la carta de lenguas regionales y minorizadas cuyo respeto se exige a los nuevos miembros.

 El documento incorpora diversas aportaciones jetzales que apuestan por este mecanismo automático e inciden en cuestiones como el cumplimiento de decisiones marco como la del reconocimiento de penas, el respeto de los derechos de las minorías, los derechos de inmigrantes o refugiados o la memoria histórica. Igualmente el documento incluye en su integridad una aportación del PNV que solicita un código europeo de lucha contra la corrupción, un sistema de indicadores europeo para medir la penetración de este problema en los distintos países y los progresos realizados para erradicarla.

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