EUROPA ELABORARÁ UN CODIGO ANTICORRUPCION A PROPUESTA DEL PNV

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 El Parlamento Europeo ha instado esta mañana a las instituciones europeas a redactar un código para prevenir la corrupción y un grupo de indicadores que permitan medir el fenómeno país por país y los progresos realizados para eliminar esta lacra. Esta propuesta se ha incluido en el informe que analiza la evolución de los derechos humanos en Europa en los años 2013 y 2014 recogiendo literalmente una enmienda del PNV. El informe se ha aprobado esta mañana con 360 votos a favor, 291 en contra y 58 abstenciones.

 El informe acoge de este modo textualmente en su párrafo 148la enmienda once que los jeltzales presentaron junto a sus compañeros de Coalición por Europa Ramón Tremosa y Francesc Gambús a este documento. El llamado “informe Ferrara” realiza una lectura muy crítica de las actividades desarrolladas por la Comisión Europea para aplicar mecanismos a su alcance para  detectar y prevenir vulneraciones de derechos humanos producidos en países de la Unión Europea. El documento aboga por instar a la Comisión a que utilice con más intensidad mecanismos ya existentes en los tratados y especialmente el marco para la defensa de los derechos fundamentales que aprobó en 2014. Para poner en marcha este mecanismo  los eurodiputados proponen aprobar una serie de indicadores objetivos que permitan detectar cuando las vulneraciones en un estado miembro son sistémicas. Cuando esto se produzca el procedimiento de corrección debería aplicarse de modo automático, iniciando un diálogo con el estado miembro que finalizaría con sanciones si no se corrigen los comportamientos detectados.

El PNV que ayer apoyó expresamente esta idea durante el debate del informe en el pleno y planteó en esa intervención y en sus enmiendas algunas de las cuestiones que ha llevado a la Comisión Europea en los últimos meses vinculadas a posibles vulneraciones de Derechos Humanos ocurridas en el estado español. Las enmiendas denuncian así los contenidos de la llamada “Ley Mordaza” o el incumplimiento de las decisiones marco sobre reconocimiento de penas en el extranjero. La Comisión, a iniciativa del PNV, ya aclaró que este reconocimiento es obligatorio y que pensaba intervenir para que este aspecto del derecho comunitario se aplicase de modo homogéneo en todos los estados miembro. Ante la evidencia de que España sigue incumpliendo esta norma Izaskun Bilbao Barandica preguntó la semana pasada al gobierno europeo si llevará esta posición al Tribunal de Justicia Europeo.

Las comentadas cuestiones figuran igualmente en el informe aprobado, así como las vinculadas a las malas prácticas con inmigrantes y refugiados tanto mediante las llamadas “expulsiones en caliente” como en los centros de internamiento y los controles de las fronteras exteriores de la UE. Las enmiendas del PNV alertan igualmente sobre las repercusiones que crisis y recortes tienen en el cumplimiento de la carta social europea y en los derechos de las minorías incluidos los lingüísticos. Esta cuestión es también ampliamente tratada en el informe que incluye referencias muy críticas a las intervenciones de algunos estados contra los sistemas educativos que trabajan en la conservación y recuperación de estas lenguas. Los jeltzales han propuesto igualmente que el Parlamento Europeo anime a España a cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas y no entorpezcan las actuaciones de la justicia internacional contra los autores de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

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