EL NO RECONOCIMIENTO DE PENAS CUMPLIDAS EN OTROS ESTADOS, EN EL INFORME EUROPEO SOBRE DERECHOS HUMANOS

PARLAMENTO-EUROPEOEL NO RECONOCIMIENTO DE PENAS CUMPLIDAS EN OTROS ESTADOS, EN EL INFORME EUROPEO SOBRE DERECHOS HUMANOS

 La vicepresidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica ha denunciado, mediante una enmienda al texto del informe que analiza anualmente el estado de los Derechos Humanos en Europa, el incumplimiento por parte de España de la Decisión Marco Europea que obliga a los estados miembros a reconocer las penas cumplidas en otros países. La iniciativa completa otras actuaciones desarrolladas por los jeltzales en Bruselas y Estrasburgo que han llevado a la Comisión Europea a señalar este incumplimiento e investigar si merece algún tipo de procedimiento sancionador

 La enmienda referida a esta cuestión es una de las 30 planteadas por el PNV a este informemediante el que el Parlamento Europeo  revisa cada año el estado en que se encuentra los Derechos Humanos en la Unión. En su aportación (enmienda 9) Izaskun Bilbao Barandica insiste en la necesidad de que las medidas penales que se están construyendo para castigar los delitos de terrorismo  deben respetar el Estado de Derecho, la normativa comunitaria y los valores e la unión. Igualmente aboga por rechazar el “derecho de excepción” y denuncia el “incumplimiento por parte de algunos estados de Decisiones Marco como la del mutuo reconocimiento de sentencias, para propiciar la prolongación injusta de condenas penales ya extinguidas de acuerdo con el derecho comunitario”.

 Aunque esta situación está ya en el punto de mira de los juristas de Bruselas, los jeltzales plantean como cuestión horizontal (enmienda 30) que la Comisión debe utilizar “con mayor determinación los instrumentos de que dispone para evitar que se consoliden prácticas que amenazan en Europa los principios del estado de derecho aunque no se produzcan en estricta ejecución de la normativa comunitaria”.

 Las treinta enmiendas planteadas por la eurodiputada jeltzale abordan diversos bloques temáticos. Entre ellos destacan uno dedicado a mejorar la atención a personas desaparecidas y otro vinculado a la necesidad de cambiar en el estado español las políticas de memoria histórica. En el ámbito de la lucha contraterrorista el PNV  plantea en sus enmiendas cuestiones tales como “construir un relato europeo compartido contra el extremismo violento”, abogar por una respuesta continental a esta amenaza desde una inteligencia europea integrada e incorporar en ella todos los recursos y agencias que tienen en Europa capacidades y competencias para investigar la delincuencia organizada, en clara alusión a los problemas de la Ertzaintza para integrarse plenamente en el sistema de información vinculado al acuerdo de Shengen (Enmiendas 8, 9 y 10). Igualmente y en el aspecto preventivo propone incluir una didáctica sobre los mecanismos que utiliza el yihadismo para captar adeptos en los módulos que se dedican en los centros educativos a la prevención de riesgos en la red. Además anima a que se propicie el ciber-activismo y la creatividad contra este tipo de materiales de captación. (Enmienda 11)

 En el ámbito de la respuesta que debe darse a la crisis de los refugiados y la inmigración Izaskun Bilbao Barandica plantea dos aportaciones (Enmiendas 6 y 7) en las que se aboga por que las autoridades locales y regionales participen en los procesos de decisión que se adoptan para acoger e integrar refugiados puesto que desde estos niveles institucionales se prestan la mayoría de los servicios que reciben y se puede propiciar su adecuada integración. Además insiste en la necesidad de cumplir la legislación comunitaria en materia de asilo y rechaza las llamadas “devoluciones en caliente”.

 Otras enmiendas de la Vicepresidenta de ALDE (18 y 19) completan la visión que ofrece el informe original sobre los problemas que afectan a las minorías nacionales tradicionales europeas. A esos efectos denuncia y concreta que estas dificultades tiene su origen, además de en las “consecuencias negativas de la crisis migratoria”, en la “generación y difusión de estereotipos despectivos y negativos y otras prácticas dudosamente democráticas” en referencia a episodios como la invención de pruebas sobre supuestos casos de corrupción para descalificar a adversarios políticos como la protagonizada por el actual ministro del interior en funciones. Por estas razones pide el establecimiento de unas normas mínimas vinculantes para proteger los derechos de estas minorías que considera “aportan una diversidad cultural, lingüística e institucional que es parte irrenunciable de la Unión”. Igualmente aboga (enmienda 19) porque las lenguas minorizadas se incluyan en el concepto de multilingüismo de la UE y tal reconocimiento tenga efecto en el tratamiento que se les otorga en concursos y programas europeos. Ambas cuestiones están contempladas en un informe sobre esta materia que aprobó la euro Cámara por amplia mayoría en septiembre de 2013

 El grupo de enmiendas planteadas por los jeltzales incluye varias aportaciones destinadas a sustituir el término discapacidad por “diversidad funcional” y a combatir la doble discriminación que afecta a las mujeres pertenecientes a este colectivo (enmienda 24). Anima además a desarrollar una política más intensa para eliminar los estereotipos de género (Enmienda 16). Igualmente incorpora un apartado (Enmienda 27) dedicado a incluir el criterio de la plena integración de las personas mayores y su empoderamiento y participación en los asuntos públicos en las políticas de envejecimiento activo. También propone que se aproveche la experiencia como “ventaja competitiva” para la economía europea en “adecuada combinación con las capacidades de innovación y formación en nuevas pericias”.

 Las aportaciones jeltzales concluyen con dos propuestas destinadas a mejorar la gobernanza europea (enmiendas 28 y 29) La primera compartir buenas prácticas centradas en “eliminar las barreras de procedimiento y lenguaje que desincentivan la participación cívica en los procesos de decisión. La segunda consolidar la apertura como base de la participación ciudadana y extenderla no solo a los procesos de decisión sino al seguimiento de los expedientes administrativos.

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