EURODIPUTADOS PIDEN A BRUSELAS QUE ACTUE ANTE LA DESPORPORCION DE LAS PENAS EN EL “CASO ALSASUA”

Recuerdan un compromiso del vicepresidente Timmermans en ese sentido

 

EURODIPUTADOS PIDEN A BRUSELAS QUE ACTUE ANTE LA DESPORPORCION DE LAS PENAS EN EL “CASO ALSASUA”

 

Marina Albiol, Xabier Benito, Izaskun Bilbao y Ana Miranda, representantes de Izquierda Unida, Podemos, EAJ-PNV, Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu han solicitado a la Comisión Europea que actúe ante la evidente desproporción de las penas recaídas sobre los jóvenes del llamado caso “Alsasua”. Los hechos ocurridos en la localidad navarra que se saldaron con lesiones leves han sido castigados con penas de hasta trece años de cárcel. Simultáneamente y con casos parecidos se acaban de dictar sentencias con condenas que no implican si quiera el ingreso en prisión.

Las fuerzas políticas a las que representan estos eurodiputados lideraron el pasado verano una iniciativa mediante la cual 52 miembros de la euro cámara denunciaron ante el vice-presidente de la Comisión Europea las elevadas peticiones fiscales que se estaban solicitando para estos jóvenes. En el escrito se destacaba que no se estaba apoyando la impunidad de los implicados sino solicitando para ellos un juicio justo, desarrollado por tribunales ordinarios del territorio en el que se produjeron los hechos y evitando aplicar tipos penales como el de terrorismo. Los firmantes alertaban de que ambas circunstancias eran el origen de las desorbitadas peticiones de penas.

En su respuesta el Vicepresidente de la Comisión Europea reconocía que estaban siguiendo con atención el caso y destacaba que aún no había sentencia. Subrayaba igualmente que uno de, los principios contenidos en los tratados es el de la proporcionalidad de las penas e informaba de que se reservaba la opción de actuar si, finalmente se incumplía en la sentencia esta u otras previsiones incorporadas a la legislación comunitaria.

Apoyándose en esta respuesta los cuatro miembros de la euro Cámara han puesto en marcha una iniciativa en la que se recuerda el compromiso adquirido en su día por Frans Timmermans. Albiol, Benito, Bilbao y Miranda recuerdan en su iniciativa que “la sentencia condena a los jóvenes encausados a penas de hasta trece años de cárcel” Igualmente hacen hincapié en el contraste existente entre este fallo judicial y otros “recaídos sobre casos similares con condenas mucho más leves.

Adentrándose en los aspectos más llamativos de esta decisión judicial los firmantes de la iniciativa señalan tres cuestiones que han propiciado la extremada dureza de las condenas. “Por una parte, critican que “la sentencia omite la imputación objetiva de conductas concretas a cada condenado”. Denuncian además la utilización “del concepto de “coautoría funcional” para agravar al extremo las penas, al margen de los requisitos que exige la jurisprudencia”. Finalmente precisan que “la Audiencia Nacional ha hurtado la causa al tribunal local que debió analizarla al no apreciarse delito de terrorismo”.

Con estos argumentos y apoyándose en el compromiso del vicepresidente de la Comisión Europea expresado en su carta del 15 de septiembre del año pasado, solicitan al gobierno comunitario que valore si “las penas impuestas a los procesados cumplen el artículo 493 de la Carta de Derechos Fundamentales” (proporcionalidad de las penas). Igualmente se interesan por la actuación que podría emprenderse en torno a este caso. Para terminar, preguntan sobre los mecanismos podría activar para corregir “esta flagrante vulneración de los tratados”.

La Vice Presidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica, ha subrayado hoy en un vídeo colgado en su blog que “en el caso Alsasua no estamos defendiendo la impunidad. Desde el principio hemos condenado este tipo de actos de violencia y nos solidarizamos con sus víctimas. Pero criticamos con la misma rotundidad a quienes, retorciendo el derecho, escriben sentencias judiciales al margen de principios básicos del derecho penal y de toda jurisprudencia conocida. El resultado de estas prácticas es en primer lugar un sufrimiento injusto para los condenados y sus familias, en segundo lugar, una llamativa discriminación frente a otros casos idénticos y en tercer lugar un factor de crispación gratuito. Finalmente socaba el principio de confianza en que se basa la creación de un sistema judicial y de seguridad común. Hay que recordar que en los últimos tiempos determinadas actuaciones penales como las emprendidas contra políticos catalanes no están siendo comprendidas en absoluto por las autoridades judiciales de otros estados miembros.”

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