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EL PNV PIDE A BRUSELAS QUE SE PRONUNCIE SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A LAS VICTIMAS DEL GAL

 

EL PNV PIDE A BRUSELAS QUE SE PRONUNCIA SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A LAS VÍCTIMAS DEL GAL

La Eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao Barandica ha presentado esta mañana una iniciativa para denunciar ante las autoridades comunitarias la indefensión que afecta a las víctimas del GAL a las que se niega la indemnización que les corresponde como víctimas del terrorismo. En su iniciativa la eurodiputada recuerda que la norma aplicada para negarla estaba pensada para evitar reconocer a víctimas fruto de enfrentamientos entre organizaciones criminales. “Cuando los victimarios formaban parte de organizaciones terroristas financiadas o amparadas por los poderes públicos, la perspectiva cambia por completo”

 

La eurodiputada vasca ha planteado esta iniciativa, “en defensa del Estado de Derecho y buscando verdad justicia y reparación”. Ha preparado su contenido tras conocer el dictamen de ayer del tribunal de Estrasburgo sobre varias reclamaciones de víctimas de los GAL, comprobar que no entra en el fondo del asunto y analizar el origen y contenido de la disposición europea que se utilizó para denegar las indemnizaciones. “El artículo ocho del convenio que inspira todas las regulaciones para indemnizar a víctimas de delitos violentos, recuerda Izaskun Bilbao Barandica, dice en su apartado segundo que “se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.

Esta previsión se introdujo en el convenio “para impedir, constata la eurodiputada jeltzale, que miembros de organizaciones criminales pudiesen acogerse a estos sistemas de indemnización como víctimas de delitos ocurridos en enfrentamientos entre ellas. Cualquiera entiende que es un contrasentido que el familiar de un miembro de la banda de Al Capone sea indemnizado con recursos públicos por un atentado cometido por la banda de Bugs Moran. Pero aplicar esa previsión cuando una de las organizaciones implicadas, en este caso el GAL, estaba amparada y financiada por determinadas autoridades públicas me parece totalmente improcedente, especialmente si uno se lee con detenimiento la directiva europea que regula los derechos de las víctimas. Yo la conozco en profundidad porqueparticipé intensamente en su elaboración y presenté y conseguí que se aprobasen numerosas enmiendas”

Bilbao Barandica recuerda que el espíritu de varias de ellas, cuyo contenido se incorporó al texto de la directiva recordaba que “las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era hacer daño a la sociedad. Por ello pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al especial carácter del delito cometido contra ellos. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de un importante escrutinio público y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En consecuencia, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo, y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad”. Solo teniendo en cuenta estas afirmaciones es un verdadero sarcasmo que el estado niegue indemnizaciones a las víctimas GAL..

La eurodiputada vasca razona que en esta directiva “hay además infinidad de alusiones a la doble victimización que sufren algunas víctimas durante el proceso penal o su trato con las autoridades y se ofrecen instrucciones bien concretas para evitarlo, entre ellas limitar al máximo el contacto entre víctimas y victimarios, etc. Desde este punto de vista dejar el escrutinio de las víctimas del GAL en manos de cuerpos policiales que mantuvieron en su día estrechísimas relaciones con los victimarios no solo incumple las normas europeas, no ayuda para nada a la credibilidad del estado de derecho”.

Finalmente, destaca Izaskun Bilbao Barandica “se ha querido “judicializar” esta decisión poniendo en manos de la Audiencia Nacional una decisión sobre el valor de los informes policiales que incriminaban a las víctimas como miembros de ETA. Si algo está claro es que ese procedimiento judicial no se ha desarrollado con todas las garantías pues las personas afectadas fueron asesinadas y no tuvieron oportunidad de defenderse de las acusaciones.”. Teniendo en cuenta todas estas premisas recuerda que el convenio de referencia también indica que se podrá “reducir o suprimir la indemnización en el caso en que una reparación total o parcial fuera contraria al sentido de la justicia o al orden público”. “Sensu contrario habrá que entender, afirma la política bermeana que será obligatorio concederla cuando no hacerlo también perjudique al sentido de la justicia o al orden público. Que un estado niegue indemnizaciones a víctimas causadas por agentes a su servicio en actos de terrorismo de estado me parece particularmente contrario a ambos conceptos.”

Por estas razones la citada parlamentaria vasca en Europa ha presentado esta misma mañana una iniciativa en la que se refiere a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que inadmitió las reclamaciones de seis víctimas de actos de terrorismo de estado en que participaron autoridades españolas y denuncia su indefensión. ” La sala, recuerda la representante jeltzale, no se pronuncia sobre si hay o no derecho a la indemnización. Se limita a recordar que las previsiones del artículo 6.2 del Convenio sobre presunción de inocencia se aplican a los tribunales y no a dictámenes de autoridades gubernativas. La Audiencia Nacional de España utilizó informes policiales para vincular a las víctimas de estos atentados con la organización criminal ETA”.

Tras subrayar esta circunstancia la eurodiputada jeltzale precisa que los citados trabajos de la policía sirvieron para aplicar a las víctimas el artículo 8 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos pero matiza que “esta previsión estaba pensada para aplicar a víctimas que fuesen resultado de enfrentamientos entre organizaciones criminales”  Por ello pregunta a la Comisión si es procedente invocar esta previsión del convenio “cuando los victimarios se encuadraban en organizaciones terroristas financiadas y amparadas por los poderes públicos” Además quiere saber si “a la vista de estas circunstancias es razonable dejar la evaluación sobre las víctimas en manos de fuerzas de seguridad con estrechas y conocidas relaciones con los victimarios” Finalmente considera que este hecho produce una “evidente indefensión “ y pregunta a las autoridades comunitarias si consentirla “es coherente con la voluntad de asegurar justicia y reparación a las víctimas que inspiró la directiva 2012/29/UE”

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