Ayudar a estos chicos a pesar de ellos mismos-

Por: Patxi Agirre Arrizabalaga.Historiador

No cabe ninguna duda de que el llamado “Proceso de Burgos” de diciembre de 1970, que juzgó a 16 militantes de ETA,  marcó un gran punto de inflexión en un régimen franquista tambaleante y lastrado ya por profundas divisiones internas entre “aperturistas” y “reaccionarios”; tampoco ofrece mucha opción a la incertidumbre el afirmar que en aquel macro juicio, Euskadi Ta Askatasuna alcanzó  su cénit de popularidad y repercusión internacional, que contribuiría a su mitificación como vanguardia del antifranquismo en el Estado español y a su fortalecimiento interno cuantitativo que abriría la senda de una negra historia de dolor y muerte.

Se han escrito miles de páginas sobre este acontecimiento histórico del tardofranquismo, de su intención ejemplarizante para toda la oposición democrática y de su utilización maquiavélica para construir un “enemigo hiperbólico” frente al cual no existe otra vía que la perduración  de la dictadura. Pero pocas de ellas, muy pocas páginas, se han invertido en  ilustrar sobre la destacada participación del PNV en aquel contexto. A ello dedicaré las siguientes líneas.  

Cuando en el campo nacionalista vasco se tuvieron noticias del “Sumarísimo 31/69”, el Lehendakari Jesús María de Leizaola,  acompañado de su vicelehendakari Joseba Rezola, se desplazó a Roma donde, a través de sus contactos con la democracia cristiana del país trasalpino (DCI) y al hecho de que varios sacerdotes vascos formaban parte de la curia, dejó constancia de la grave situación ante medios vaticanos.

En aquellas reuniones, los dirigentes abertzales sentaron las bases para que dos de los miembros de ETA procesados, los clérigos Julen Kalzada y Jon Etxabe, renunciaran al privilegio del fuero eclesiástico (acordado por el Concordato entre España y la Santa Sede de 1953), por el cual los religiosos podían solicitar que el juicio fuera a puerta cerrada. Dicha renuncia fue acordada con altas instancias de la Iglesia vasca que públicamente manifestaron su opinión favorable a la misma. En noviembre de 1970, el obispo de San Sebastián monseñor Argaya y el administrador apostólico de Bilbao, monseñor Cirarda, hicieron leer en sus diócesis una homilía que, en lo referente al tema, rezaba así: “El proceso (…) iba a celebrarse a puerta cerrada por estar también encausados dos sacerdotes, ya que el concordato prohíbe toda publicidad en juicios contra clérigos. Tal disposición concordada resulta perjudicial para otros procesados seglares. Y, de acuerdo con nuestros dos sacerdotes directamente interesados, pedimos que la audiencia sea pública”.

Aunque el PNV no conocía entonces que los acusados, asesorados por su respectivos abogados (algunos de ellos de la órbita del nacionalismo histórico), iban a transformar su turno de defensa para poner en evidencia el carácter represivo del Estado dictatorial franquista, lo cierto es que la renuncia  pactada con Kalzada y Etxabe al privilegio concondatorio -renuncia que oficialmente tuvo que ser solicitada por la Conferencia Episcopal Española a la Secretaría de Estado del Vaticano- posibilitó que, dado el desarrollo del juicio y la amplia representación periodística allí presente (agencia TASS soviética, France Press etc.) el “Proceso de Burgos” tuvo una repercusión mediática mundial que, actuando a modo de boomerang, se volvió en contra de los iniciales objetivos de escarmiento al antifranquismo, previstos por el Caudillo.

En ese intentar amplificar lo máximo posible la importancia de la vista judicial, los entonces militantes clandestinos jeltzales Txomin Saratxaga y Jokin Insausti recorrieron una por una las casas familiares de los encausados con la misión de disponer de sus biografías y fotografías. Aquella información, y sobre todo aquella icónica fotografía en blanco y negro de los encartados, trasladada a la agencia de prensa gala France Press a través de Juan Manuel Idoyaga, recorrió el mundo.

El PNV consideró jurídicamente reprobable que a los imputados se les aplicara la Ley de Bandidaje y Terrorismo, que a partir del decreto de creación en 1963 del Tribunal de Orden Público y el asesinato a manos de ETA en 1968 del torturador de la Guardia Civil Melitón Manzanas, dio pie a que los delitos de “raíz política” pudieran ser juzgados (como fue el caso que nos ocupa) por tribunales militares. También estimo que  el juicio tenía un vicio de nulidad al negar a los abogados defensores el libre ejercicio de sus funciones. Para el nacionalismo vasco, aquel juicio, tal como expresa el catedrático Santiago De Pablo, “era un intento del franquismo para desterrar de la faz de la tierra el nombre del Pueblo Vasco”.

En aquel durísimo contexto, el nacionalismo vasco atemperó sus críticas históricas a la organización armada, ya que, como expresó Manuel Irujo a Victoria Kent, directora en aquel tiempo de la revista Ibérica y ex diputada radical socialista en Cortes, los procesados “nos representan a todos”; para el dirigente estellés, “había que ayudar a estos chicos a pesar de ellos mismos”.

Irujo, para quien el proceso tenía un paralelismo con el de Leningrado, (proceso seguido en 1970 en aquella ciudad contra nueve judíos acusados de actividades antisoviéticas), utilizó sus muchos contactos internacionales para lograr la libertad de los miembros de ETA.  En esa ardua labor, no dudó en enviar   una carta al Secretario General de la organización Amnistía Internacional, el activista británico pro- derechos humanos  Sr. Martin Ennais, donde tomando el hilo de la denuncia realizada por éste último en The Times acerca de las torturas israelíes contra detenidos árabes, le informaba del tormento sistemático que se aplicaba en las cárceles franquistas. “Son excepción aquellos a los que no fue aplicado el tormento”, le decía en un intento por poner el foco en la grave situación de los 16 encausados de Burgos. Para el ex Ministro de Justicia republicano, el juicio estaba  suponiendo una denuncia solemne de la aplicación de las torturas “como medio normal de obtener de los detenidos las confesiones interesadas…”.

 La noticia del secuestro a manos de ETA  del cónsul alemán en Donostia Eugen Beihl el 1 de diciembre (en vísperas del inicio del juicio y como elemento de presión frente al mismo), llevó al PNV a realizar innumerables gestiones para lograr la liberación del diplomático germano. El mismo Manuel Irujo contactó con Federico Krutwig, ideólogo de ETA y miembro entonces del Biltzar Ttipia de esta organización, para conseguir la liberación de Beihl. Los nacionalistas entendían como una dificultad añadida aquella acción armada, más aún, teniendo en cuenta como se estaban desarrollando los acontecimientos en la sala de vistas: “El mundo entero,-señalaba Irujo- desde el Santo Padre hasta los grupos de extrema izquierda, se ha conmovido ante el espectáculo de Burgos. Ni una sola voz se ha elevado en toda la redondez de la tierra, fuera de España, para solidarizarse con los oficiales que, tocados de sable – que, a veces, empuñaron- cubrían el estrado del Consejo de Guerra…”. En el pronóstico de los jeltzales, el secuestro sólo servía para acrecentar las posibilidades de materializarse las penas de muerte solicitadas para Izko, Uriarte, Onaindia, Gorostidi, Dorronsoro y Larena.

Finalmente, el cónsul fue liberado el día de Navidad y el 30 de diciembre el Consejo de Ministros franquista, ante la enorme presión internacional, comunicó la conmutación de las penas de muerte para “los seis de Burgos”.

Para el ya fallecido Txomin Saratxaga (Goian bego), gracias a las gestiones del PNV que posibilitaron que el juicio fuera en formato de audiencia pública, “los seis salvaron su vida”.

 

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