EL PNV PIDE A BRUSELAS FIRMEZA FRENTE A INCUMPLIMIENTOS LEGALES QUE PENALIZAN LA COORDINACION ANTITERRORISTA EN EUROPA

LA Vicepresidenta del grupo ALDE ha reclamado esta tarde a las instituciones comunitarias más atención para denunciar y evitar incumplimientos de la legislación constitucional en algunos estados miembros, como España, que penalizan la coordinación antiterrorista impidiendo el acceso de determinadas policías a los órganos europeos de intercambio de información. Además, ha saludado que se haya adoptado una propuesta jeltzale para mejorar el acceso de las víctimas a los programas de apoyo. Finalmente ha subrayado la necesidad de que el combate contra esta amenaza se desarrolle con respeto a los derechos fundamentales, ha criticado la tolerancia de la cúpula judicial española con la tortura, reiteradamente señalada por el tribunal de Estrasburgo y denunciado el derecho penal de excepción como el que dio lugar a situaciones como el llamado “caso Atutxa”.

 

El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde un informe que recoge las recomendaciones de la Comisión especial sobre Terrorismo que funciona en el Parlamento Europeo. El extenso documento incorpora algunas consideraciones de enorme interés para fortalecer la atención a las víctimas y mejorar la prevención y la coordinación entre policías y agencias que combaten el terrorismo.  Además, efectúa recomendaciones para prevenir la radicalización y subraya la importancia y necesidad de que esta tarea contra el terrorismo se realice desde el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales. Además, señala la reinserción como objetivo final de reinserción de la política penal y penitenciaria y potencia el intercambio de buenas prácticas con mención expresa a lo que pueden aportar en este campo las autoridades locales y regionales.

En el marco de este debate, la euro-diputada jeltzale ha iniciado su intervención felicitando a las y los diputados que han coordinado este informe por lo completos que son sus contenidos. Ha apoyado las medidas que plantea para mejorar la coordinación policial y judicial a nivel europeo y la descripción de los problemas internos en algunos estados miembros que penalizan el acceso de organizaciones, conocimientos y recursos a los puntos europeos de coordinación.  A la vista de lo que sigue ocurriendo en el estado español con la Erzaintza o los Mossos de Esquadra para cuya participación no hay impedimento alguno desde la legislación europea, Izaskun Bilbao Barandica ha solicitado “más atención a incumplimientos constitucionales en algunos estados miembros que impiden la integración, en la inteligencia europea, de policías con competencias, conocimiento y capacidad para combatir el terrorismo”.

Izaskun Bilbao Barandica ha compartido su satisfacción por el hecho de que este informe recoja el principio que los jeltzales plantearon en un informe anterior sobre derechos de las víctimas, para “organizar webs en todos los estados para facilitar a las víctimas por un camino común y conocido el acceso a los programas de atención, su gestión desde los centros de coordinación de emergencias y el reconocimiento del papel local y regional” en esta materia.

Finalmente la Vicepresidenta de ALDE ha expresado su conformidad y alegría ante el hecho de que esta lista de recomendaciones se refiera extensa y detalladamente “al principio de reinserción del derecho penal y a la limpieza con que hay que enfrentar el desafío terrorista” desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales. En este punto ha denunciado que “cuando las máximas autoridades judiciales de un estado miembro son reiteradamente condenadas aquí por no investigar la tortura, socavan la confianza entre sistemas judiciales” . Además ha apoyado el intercambio de buenas prácticas porque “también hay conocimiento local y regional.  Ayudará a evitar “errores”, ha concluido, como el que propició que un ciudadano, que sufrió más de veinte intentos de atentado – en referencia al ex consejero de Interior Juan María Atutxa – tuviese que ser absuelto por el Tribunal de Estrasburgo de la incomprensible condena que le impusieron en su estado miembro por una inexistente colaboración con sus verdugos.