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BRUSELAS INTERVIENE EN EL CASO PABLO IBAR PORQUE VE IRREGULARIDADES EN SU PROCESO

BRUSELAS INTERVIENE EN EL CASO PABLO IBAR PORQUE VE IRREGULARIDADES EN SU PROCESO

 

La Vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha confirmado hoy que Bruselas sigue de cerca el caso de Pablo Ibar como acostumbra cuando “se violan las normas mínimas establecidas en las Directrices de la UE sobre la pena de muerte”.  Federica Mogherini detalla que la comisión ha seguido el juicio, que mantienen al respecto contactos con la embajada de España en Washington y que esta ofreciendo formación en embajadas y consulados de los estados miembros en distintas zonas de los Estados Unidos para ofrecer formación sobre como asistir en aquel país a reos de la pena capital.

Federica Mogherini incluye esta información en respuesta a una iniciativa en la que la Vicepresidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica, tras exponer las circunstancias procesales que concluyeron con un segundo veredicto de culpabilidad contra Pablo Ibar  recordaba los contenidos de estas directrices y animaba a Bruselas a aplicarlas en este caso. En concreto la eurodiputada vasca recordaba que tras la repetición del juicio contra este ciudadano vasco “la defensa ha demostrado que algunos testigos mintieron, que otros cobraron por testificar y que las pruebas de ADN que figuraban en el proceso no fueron adecuadamente custodiadas. Esto ratifica la debilidad de las pruebas de cargo, razón que obligó a repetir el juicio”. Por esas razones defendía que “en este caso, no se han cumplido las normas mínimas establecidas en las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, que facultan a las autoridades comunitarias a realizar «gestiones específicas considerando cada caso particular, sobre los casos concretos en los que sabe que se violan las normas mínimas». La eurodiputada vasca señalaba que en este caso “concurre una de ellas es que «la condena no se basa en pruebas claras y convincentes que no permitan ninguna otra explicación de los hechos»”

En su respuesta la Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la acción exterior de la UE informa que “conoce y sigue de cerca el asunto del Sr. Pablo Ibar”, relata las cinrcunstancias que se han dado en el caso e informa que “la delegación de la UE en Washington sigue de cerca el caso del Sr. Pablo Ibar y mantiene un estrecho contacto con la Embajada de España”. En su respuesta Federica Mogherini destaca que “la UE también realiza un seguimiento de otros casos de ciudadanos de la UE condenados a pena de muerte o que corren el riesgo de ser condenados a ella. La UE no solo interviene en los casos de ciudadanos de la UE, sino también en los casos de ciudadanos estadounidenses y de terceros países cuando se violan las normas mínimas establecidas en las Directrices de la UE sobre la pena de muerte”. Finalmente Bruselas subraya que “La delegación de la UE en Washington trabaja estrechamente con los Estados miembros en lo que respecta a la pena de muerte y ofrece al personal de las embajadas y de los consulados de los Estados miembros en distintas partes de los Estados Unidos oportunidades de formación sobre cómo asistir a los ciudadanos que se enfrentan a ella”.

Izaskun Bilbao Barandica ha celebrado hoy “que la Comisión Europea coincida con nosotros y  estime que ha habido irregularidades de la suficiente dimensión en el proceso contra Pablo Ibar como para activar el protocolo europeo contra la pena de muerte. La decisión que anuncia Federica Mogherini confirma que la Comisión Europea, al igual que cualquiera que se haya acercado a lo ocurrido en el caso de Pablo Ibar, considera que sigue sin tener un juicio justo. Así, otro actor de la importancia y peso de la Unión Europea se une a la denuncia de una situación que en si misma supone un trato inhumano y degradante para Pablo Ibar y que pone nuevamente en serio riesgo su vida. Espero que todos los agentes que están intentando evitar esta injusticia consigan que esta oscura historia tenga un final feliz. Y ese no es otro que reconocer que no hay prubas concluyentes contra Pablo Ibar, que debe recuperar la libertad y que debe de ser compensado por la injusta situación que está padeciendo”.

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NUEVE EURODIPUTADOS RECLAMAN LA INTERVENCION EUROPEA ANTE VULNERACIONES DE LEYES COMUNITARIAS EN EL “CASO ALSASUA”

NUEVE EURODIPUTADOS RECLAMAN LA INTERVENCION EUROPEA ANTE VULNERACIONES DE LEYES COMUNITARIAS EN EL “CASO ALSASUA”

 

Nueve eurodiputados que han seguido el proceso y la sentencia recaída sobre los jóvenes involucrados en el denominado “Caso Alsasua” han denunciado esta mañana ante la Comisión Europea que las actuaciones de los instructores y el tribunal sentenciador incumplen varias directivas europeas y han dado origen a una sentencia que vulneran al menos siete artículos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por estas razones quieren saber si la Comisión está dispuesta a, como se comprometió en su día el Vicepresidente Timmermans, al menos estudiar si esta actuación judicial es compatible con el ordenamiento comunitario.

 

Esta iniciativa parlamentaria ha sido suscrita por los eurodiputados Marina Albiol, Xabier Benito, Izaskun Bilbao, Ana Miranda, Jordi Solé, Ramón Tremosa, Josep María Terricabras, Miguel Urban y Ernest Urtasun y da continuidad al apoyo que todos ellos ofrecieron a los familiares de los condenados durante su visita de la pasada semana a Bruselas.  En este grupo de apoyo está igualmente integrado el ex eurodiputado Josu Juaristi. En su iniciativa los miembros del Parlamento Europeo recuerdan que el Vice Presidente encargado de velar por la salud del estado de derecho y el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales recordó al tener conocimiento del caso que el citado documento, que es parte del tratado de Lisboa, prohíbe la desproporción de las penas y anunció que se reservaba el derecho de intervenir en el caso en virtud de su papel como “Guardián de los tratados”.

Texto completo de la iniciativa

Hoy tras una segunda decisión judicial que rechaza el recurso de los condenados y mantiene penas de hasta trece años de cárcel por unos hechos que, de acuerdo con la jurisprudencia no tienen parangón con otras agresiones a agentes de la autoridad de idénticas características y con consecuencias físicas mucho más graves, los eurodiputados recuerdan al Vicepresidente de la Comisión su compromiso. En la iniciativa informan además que este proceder judicial ha dado origen a la manifestación de protesta más numerosa que se recuerda en la historia de Navarra y se citan varias normas comunitarias que el tribunal y los encargados de la instrucción habrían incumplido en el ejercicio de sus funciones.

En concreto el grupo de eurodiputados destaca que en primer lugar los acusados “fueron privados de su derecho al juez natural” al aplicárseles una acusación de terrorismo que “no encaja en ninguno de los supuestos descritos en el título segundo de la directiva 2017/541 una de cuyas virtualidades es, precisamente establecer una definición homogénea de terrorismo en todo el territorio de la unión. Además, los autores de la iniciativa denuncian que instructor y tribunal no solo no impidieron, sino que propiciaron que los acusados fuesen reiteradamente presentados como culpables “otro incumplimiento flagrante de los artículos 4 y 6 de la directiva 2016/343.

El grupo de eurodiputados detalla que la inadmisión de pruebas durante la instrucción y la vista oral impidió la actividad probatoria a que tienen derecho las defensas de los acusados en un proceso penal y que están descritas en la directiva 2013/48. Todas estas circunstancias “han dado origen a un proceso y una sentencia final que, concluyen, vulneran con claridad los artículos 4,8,20,21,47,48 y 49 de la Carta Europea de derechos Fundamentales” .

La Vice Presidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica, ha recordado que en este caso “no defiendo ningún tipo de impunidad. El lema de la manifestación del domingo en Alsasua fue “Justicia”. Podemos comparar esta sentencia con las impuestas en otros casos idénticos en la misma Navarra cuando ETA mataba. Podemos compararlas con sentencias sobre cientos de agresiones de este tipo en otros lugares del estado, protagonizadas por personas organizadas, que en mayor número y profiriendo explicitas amenazas de muerte han producido daños físicos mucho más graves. Y las condenas recaídas en este caso no se sostienen. Para justificar estas condenas se ha considerado a la Guardia Civil “colectivo especialmente vulnerable”. Un instituto militar armado, con formación para afrontar el delito, con una corporación asentada en todo el territorio nada tiene que ver con las personas desprotegidas para las que se diseñó esta norma jurídica”.

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