La comisaria de Transporte y Turismo Adina Valean ha advertido a las compañías aéreas que no pueden condicionar el uso que haga sus clientes de los bonos con los que se les compensa por la anulación de un vuelo. Las aerolíneas están obligadas bien a reintegrar el coste de los billetes en un plazo de siete días bien a emitir un bono por el mismo importe para adquirir otro vuelo. En ningún caso puede impedirse que el bono se aplique en su integridad para pagar otro billete o que se utilice para adquirir un título de transporte a nombre de una persona diferente a la que sufrió la anulación.
Esta advertencia figura en el texto de la respuesta a una pregunta parlamentaria suscrita por le eurodiputada vasca Izaskun Bilbao Barandica que relataba en la misma algunos casos de malas prácticas empleados por determinadas líneas aéreas tras la masiva anulación de vuelos a que ha dado lugar la pandemia. La representante jeltzale relataba en su pregunta que algunas compañías ofrecieron bonos para su uso en nuevos vuelos sin avisar de que iban a estar sometidos a determinadas condiciones. Entre ellas citaba prácticas como “el fraccionamiento del coste total de un billete en bonos de cincuenta euros y la imposibilidad de utilizar más de uno para reservar un nuevo vuelo; la combinación de esta práctica con plazos de caducidad que dificultan utilizar los bonos así fraccionados; la restricción de no poder reservar vuelos para personas distintas a las que figuraban en la reserva inicial; plazos de entrega de estos bonos superiores a los cinco meses, o la imposición de tener que realizar las reservas que se pagan con estos bonos por vía telefónica en vez de en la página web de la compañía, obligando al cliente a utilizar procesos de compra complejos y a recuperar información de vuelos anulados hace meses”.
La respuesta de la comisaria no puede ser más contundente. Para empezar la titular de la cartera europea de transporte y turismo recuerda que “El Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos obliga a las compañías aéreas que cancelen vuelos a reembolsar a los pasajeros en un plazo de siete días el coste íntegro del billete o, previo acuerdo firmado por el pasajero, expedir un bono por el mismo importe” Además informa que el 13 de mayo pasado se establecieron las características comunes que deben de tener los bonos que pueden utilizarse para adquirir nuevos billetes. Para empezar si no se reutilizan, el importe en metálico debe ser devuelto a sus propietarios a más tardar en doce meses. Todos los bonos son transferibles, es decir pueden usarse para comprar billetes para otras personas.
Finalmente y para apoyar estas tareas de control indica que el gobierno comunitario, en el marco del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, “mantiene contactos regulares con los organismos nacionales encargados de la aplicación de los derechos de los pasajeros y de la cooperación en materia de protección de los consumidores para abordar las supuestas prácticas ilícitas de las compañías aéreas, incluidos la información errónea, la imposición de bonos y los retrasos en los reembolsos”.
Izaskun Bilbao Barandica ha aplaudido la “claridad y contundencia de la posición comunitaria, porque estando tan claro el marco legal y siendo el sector de las aerolíneas receptor de un apoyo público muy importante durante esta pandemia, es increíble que algunas compañías incurran en comportamientos irregulares, que hacen perder tiempo a los consumidores en reclamaciones y quiebran la confianza y el buen nombre de las compañías. En estos tiempos todos tenemos que arrimar el hombro. Los viajeros que optan por el bono de viaje en vez de por la devolución en metálico del coste del billete aportan su granito de arena para aliviar la situación de las compañías. No es de recibo que precisamente sean esos clientes los que resulten peor tratados. Ahora solo falta que a todos los afectados les queden claros el alcance y contenido de sus derechos y que las compañías que han incurrido en estas prácticas las abandonen definitivamente y de oficio reparen los perjuicios causados a los afectados”.
Filed under: PARLAMENTO EUROPEO | Comentarios desactivados en BRUSELAS ADVIERTE A LAS AEROLINEAS QUE NO PUEDEN CONDICIONAR EL USO DE LOS BONOS DE VIAJE EMITIDOS TRAS UNA CANCELACION
Izaskun Bilbao Barandica considera que la pesca y los alimentos procedentes del mar deben mejorar su presencia en la estrategia europea “De la granja a la mesa” destinada a añadir resiliencia y sostenibilidad a la cadena de producción y distribución alimentaria. La eurodiputada de EAJ PNV, trabajará para mejorar la posición del sector en la cadena de valor, mejorar la trazabilidad y el etiquetado para ofrecer más información a los consumidores y propiciar que su capacidad de compra premie las producciones más sostenibles.
La eurodiputada vasca es la ponente del informe mediante el que la comisión de pesca contribuirá a mejorar esta estrategia comunitaria. Las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente, Consumo y Salud alimentaria son las autoras del informe principal al que se sumará la aportación de la comisión de pesca. En esa condición ha presentado esta mañana en el Parlamento Europeo las líneas maestras de esta aportación cuya versión definitiva, tras recoger las aportaciones del resto de los miembros de la comisión, se debatirá y votará durante el mes de febrero. El primer objetivo que contiene el informe redactado por Izaskun Bilbao Barandica será corregir la escasa presencia, que desde la perspectiva de la ponente y de la mayoría de los euro diputados que han intervenido esta mañana, tienen los alimentos del mar en una iniciativa que habla de producción y distribución alimentaria.
Izaskun Bilbao Barandica considera que mejorar la posición del sector en esta estrategia y contribuir a la resiliencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria pasa por “mejorar la posición de los productores en la cadena de valor y mejorar la información y formación que reciben los consumidores para saber quiénes y dónde producen lo que comen y cuanto de lo que pagan vuelve al sector, en nuestro caso a los pescadores y transformadores más próximos”.
Para lograrlo la ponente plantea convertir “el poder de compra de los consumidores en herramienta de transformación” propiciando que “los consumidores puedan decantarse por producciones comercializadas a través de cadenas de distribución más cortas, más justas y más sostenibles. La digitalización y la innovación son las herramientas que deben catalizar este cambio enlazando tradición con modernidad”.
Otra pieza clave de esta aportación es la promoción del pescado y los productos del mar, “como fuente de proteínas saludables. También queremos devolver al sector su prestigio difundiendo su historia, cultura, y acervo gastronómico como herramientas para que estos activos impulsen el consumo de pescado y sean la base de la diversificación de la renta de las comunidades costeras. A estos efectos el etiquetado, la trazabilidad y el asociacionismo de los productores y su empoderamiento como principales usuarios del fondo europeo para la pesca serán algunas de nuestras propuestas”.
Izaskun Bilbao Barandica ha insistido durante su presentación en que “los principales valedores de la sostenibilidad de la pesca son quienes viven de ella”. Por eso planteará “otro discurso y otra imagen para unos profesionales que merecen más prestigio social. No en vano los estándares que observa la flota europea tanto en aguas continentales como en las que faenan al abrigo de acuerdos con terceros países, son los más exigentes del mundo en materia de sostenibilidad y control de la pesca ilegal, además de herramienta para la cooperación al desarrollo”.
La eurodiputada vasca ha lamentado que el reglamento del Parlamento Europe obligue a resumir esta primera aportación en 1500 caracteres y ha anunciado que en el proceso que se ha abierto hoy para presentar enmiendas incluirá cuestiones que han quedado en el tintero como “la propuesta de un sistema de trazabilidad también para los alimentos que pasan directamente empaquetados de las grandes superficies a la basura”. Igualmente ha mostrado su disposición a estudiar las propuestas de todos los grupos y ha subrayado su apertura “a la participación del sector con cuyos interlocutores mantenemos un frecuente y productivo intercambio que nos gustaría se encuentre a la altura de la mejora que merece su posición en la cadena de valor y la empatía social que merecen sus esfuerzos”.
Filed under: PARLAMENTO EUROPEO | Comentarios desactivados en EAJPNV PIDE MAS PESO PARA EL SECTOR PESQUERO EN LA ESTRATEGIA EUROPEA “DE LA GRANJA A LA MESA”
La Eurodiputada de EAJ/PNV ha celebrado esta tarde el contenido de una resolución aprobada esta tarde por el Parlamento Europeo en el que por amplísima mayoría (657 votos a favor, 25 abstenciones y ocho en contra) se insta a los estados miembros a que aceleren todas las obras incluidas en las redes trans europeas de transporte que están pendientes de ejecución en las zonas transfronterizas. Ese es el caso de la Y vasca. Las instituciones comunitarias consideran que estos proyectos aportan valor a toda Europa, factor que consideran clave para que dispongan de apoyo público. Terminar en 2030 la red principal de infraestructuras comunitarias se considera pieza clave en las políticas ambiental, climática, de movilidad y económica de la Unión.
El Parlamento Europeo ha dado luz verde esta tarde a una resolución en la que se revisaban las directrices de ejecución de la Red Trans Europea de Transportes. Este proceso se abrió por la constatación de varios retrasos en las obras de construcción de esta malla de infraestructuras que podían alterar las conexiones previstas entre estados miembros y las lógicas de circulación con las que se diseñó este conjunto de carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte. El desarrollo acelerado de procesos de digitalización o las carencias en la movilidad europea que ha destapado el COVID añadieron razones para realizar esta revisión. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado este verano alertaba además sobre las negativas consecuencias estos retrasos. Por ello exhortaba a que se acelerasen estos tramos por su papel en la desaparición de cuellos de botella entre estados miembros, la capacidad para mejorar conexiones intermodales y en consecuencia, para poner en servicio cuanto antes los corredores trans europeos.
La resolución hace hincapié en su artículo primero en “el valor añadido de los corredores multimodales de la red básica, que canalizan los principales flujos de pasajeros y de mercancías tanto entre los Estados miembros como en su interior”. Además, “considera que el valor añadido europeo de estos proyectos es un factor clave para generar apoyo público y señala que “es prioritaria su finalización en 2030 conforme a lo previsto, con la eliminación de los cuellos de botella y los enlaces pendientes, así como la realización de los tramos transfronterizos, junto con la modernización y la mejora de los tramos de red ya existentes en los corredores”.
La finalización en plazo de estas obras son imperativos para el éxito de la política común de transportes”. A la hora de detallar los tramos a los que se refieren estas afirmaciones el texto remite a otra resolución legislativa aprobada en abril de 2019 sobre el mecanismo financiero “conectar europa” en cuyos anexos aparecen como obras prioritarias del eje Atlántico la totalidad de los tramos de la Y vasca. La Consejera de transportes Adina Valean, insistió en la importancia de estos tramos durante el debate de la resolución y subrayó su preferencia por concluirlos antes que incluir nuevos proyectos en la próxima revisión de los TEN-T.
Izaskun Bilbao Barandica ha valorado muy positivamente este llamamiento “porque hay estados que siguen incumpliendo sus compromisos y los retrasos nos perjudican a todos. Con la red básica terminada cada modo de transporte va a poder aportar a la movilidad de personas y mercancías sus mejores virtudes y esa facilidad en la combinación es clave para reducir las emisiones del transporte que alcanzan ahora el 25% de las que se producen en la Unión. La lectura que hay que hacer de estos proyectos es europea, no local. La Y vasca no está diseñada solo para dar servicio a los tráficos de Euskadi, sino para abrir definitivamente las conexiones entre la península Ibérica y el resto de la Unión, para eliminar un “cuello de botella” histórico en las infraestructuras europeas. Por eso tiene un fuerte respaldo público. las instituciones europeas necesitan más y mejores herramientas de gobernanza y financieras para animar a los estados a cumplir sus compromisos. Y en esa tarea el apoyo de organizaciones público privadas de apoyo a estos corredores es fundamental”.
Los jeltzales presentaron 17 enmiendas a este informe que han sido recogidas prácticamente en su totalidad en el texto aprobado. Entre ellas figuran el apoyo al ferrocarril y el pleno cumplimiento del cuarto paquete ferroviario; el incremento de la participación de regiones y entidades locales en la gobernanza de estos proyectos; La no inclusión de nuevos proyectos hasta que acaben los prioritarios; el refuerzo de las herramientas de que dispone la comisión para controlar el ritmo de construcción de estas infraestructuras, particularmente a través de los coordinadores del corredor y la promoción, en el debate público del concepto “valor añadido europeo” para hacer llegar a la ciudadanía el verdadero alcance de estas inversiones.
Filed under: PARLAMENTO EUROPEO | Comentarios desactivados en EAJPNV APLAUDE EL LLAMAMIENTO EUROPEO PARA ACELERAR OBRAS Y CUMPLIR PLAZOS EN ENLACES TRANSFRONTERIZOS COMO LA Y VASCA
EAJ PNV defenderá en la inminente Conferencia Sobre el futuro de Europa su propuesta para que las instituciones europeas dispongan de un instrumento legal que permita una suerte de arbitraje en los conflictos territoriales cuya resolución pueda bloquearse en los estados miembros. Esta “directiva de claridad” en la que los jeltzales llevan trabajando desde 2009, se presentará en la próxima conferencia sobre el futuro de Europa de la mano de otras naciones europeas sin estado. La sede del parlamento europeo en Bruselas ha acogido esta mañana la presentación del manifiesto fundacional de este grupo al que por el momento se suman fuerzas soberanistas de Euskadi y Cataluña el Sinn Féin irlandés, soberanistas flamencos y los nacionalistas corsos.
Izaskun Bilbao Barandica que ha participado de forma telemática en la presentación ha subrayado que, “el grupo nace con voluntad de diálogo y acuerdo, con propuestas posibles y pragmáticas, con un espíritu abierto para incorporar a nuevos miembros y un planteamiento que pretende ser válido para todas las naciones sin estado o regiones nacionales. Aquí caben desde quienes reivindican más autogobierno, hasta los que plantean la independencia. Trabajamos juntos porque coincidimos en el mecanismo de solución que puede desbloquear problemas territoriales cuando se enconan. Porque las crisis que generan no son crisis internas de los estados que las padecen, son crisis europeas. La Unión tiene experiencia, vocación y herramientas para mediar. Por eso defendemos esta directiva de claridad desde esta plataforma por el dialogo, el acuerdo, la solución y la democracia. Apostamos por un lema 4D4All: democracia, diversidad, dialogo y decisión para todos. Es la receta que defendemos en Euskadi (programa ver página 423), en el estado y en Europa para mejorar la convivencia y resolver problemas”.
El manifiesto, impulsado por eurodiputados actualmente con escaño en el Parlamento Europeo y antiguos miembros de la euro cámara pertenecientes a naciones sin estado y naciones con disputas territoriales aboga por que “los pueblos de estas comunidades puedan ejercer libre y democráticamente su derecho a la autodeterminación de una manera legalmente reconocida”. Para ello propone como instrumento “un Acta de Claridad Europea para resolver las disputas democráticas sobre la libre determinación en la UE”. El grupo que lo promueve se declara abierto a todos los que “defienden el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, las sociedades iguales e inclusivas y comparten los valores de la UE sobre democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales”.
El manifiesto subraya que su objetivo es “promover el diálogo, el acuerdo y una decisión democrática, respaldada por una mayoría cualificada de ciudadanos, para resolver este tipo de problemas cuando los procesos se empantanan a nivel local. Este acto podría basarse en las experiencias al respecto conocidas y aplicadas en el marco internacional y europeo ante problemas similares. Además, debe basarse en la doctrina de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libre determinación. Esas realidades deben reflejarse en el concepto de diversidad que figura en el lema de la Unión Europea”.
Tras describir la diversidad de posiciones, enfoques y objetivos a los que se adscriben los firmantes del manifiesto desde los que piden más autonomía hasta los que aspiran a la independencia, ratifican su convicción de que “esas cuestiones políticas sólo pueden abordarse mediante el diálogo, la negociación, la evolución de la reglamentación y la ratificación democrática”
Los firmantes esperan que la Conferencia sobre el futuro de Europa en la que plantearan esta propuesta sea receptiva al planteamiento. Lo vaticinan porque los organizadores de la conferencia han anunciado que la organizarán «de manera que la diversidad de nuestras sociedades esté plenamente representada» y procurando que «los niveles nacional, regional y local deberían ser el elemento clave de este proceso innovador y original». En consecuencia, «la sesión plenaria de la Conferencia debería permitir un foro abierto para los debates entre los diferentes participantes sin resultados predeterminados, sin limitar el alcance a las esferas de política predefinidas».
Filed under: PARLAMENTO EUROPEO | Comentarios desactivados en EAJ-PNV SUMA CON NACIONES SIN ESTADO PARA DEFENDER LA DIRECTIVA DE CLARIDAD EN LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
La eurodiputada de EAJ-PNV ha expresado hoy su profunda decepción ante la negativa con que la Comisión Europea ha respondido a la iniciativa ciudadana europea Minority Safe Pack que solicitaba una legislación europea vinculante para proteger los derechos de las Minorías Nacionales. “Vamos a pedir a Bruselas que reconsidere su decisión y seguir apoyando esta petición en todos los foros posibles. Hace falta, menos miedo a la reacción de los estados y más sensibilidad y empatía con cerca de cincuenta millones de europeos que ven, cada día, vulnerados algunos de sus derechos fundamentales por comportamientos expresamente prohibidos por el artículo 22 de la Carta Europea de Derechos fundamentales ante la pasividad de Bruselas.”
La petición de que el gobierno comunitario realizase esta propuesta legislativa, que debería después ser analizada y debatida en el Parlamento y acordada con el Consejo está respaldada por más de 1.200.000 personas ciudadanas de la UE. El diciembre el pleno del Parlamento Europeo aprobó por amplísima mayoría una en la misma línea. A juicio de los jeltzales, proteger estos derechos lejos de debilitar a la Unión Europea refuerza su cohesión pues es una aplicación coherente del lema en que se basa. “unidos en la diversidad”
Izaskun Bilbao Barandica ha subrayado que la decisión de la Comisión Europea revela una “completa falta de empatía con los problemas de las personas que firmaron la iniciativa ciudadana europea, sorprenderá a los jueces del tribunal europeo que obligaron a la Comisión a contestar a sus autores con seriedad y argumentos, y desaíra también al Parlamento Europeo que apoya muy mayoritariamente esta petición”. Izaskun Bilbao Barandica considera además que negarse a escuchar estas peticiones directamente emanadas de la ciudadanía con unos argumentos tan pobres, contradictorios y ajenos al rigor que exigían los tribunales europeos “perjudicará la dinámica y el prestigio de la iniciativa ciudadana europea y el objetivo de que sirva de instrumento para acercar instituciones europeas a las personas.”
La representante jeltzale en Bruselas y Estrasburgo considera que la decisión adoptada por la Comisión europea es igualmente contradictoria con su potente programa sobre el control de la calidad del estado de derecho en Europa. “Los casos que pretendemos resolver con esa legislación figuran todos los años en los informes sobre la situación del estado de derecho en la Unión que elabora el Parlamento, son conocidos, graves y flagrantes y forman parte de ese amplio catálogo de temas que la Comisión decidió no controlar para no enfrentarse a las arbitrariedades que cometen algunos estados miembros. La excusa era que no eran competencia de la Comisión porque no eran actos realizados en ejecución de legislación comunitaria. Pero la realidad es que todas estas discriminaciones y arbitrariedades son flagrantes violaciones de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que forma parte de los tratados. La Comisión se comprometió a resolver esta disfunción y ha perdido la ocasión de demostrar a 50 millones de europeos que esa promesa va en serio”.
Finalmente, Izaskun Bilbao Barandica ha anunciado que junto a los más de setenta diputados que forman parte del Inter Grupo de Minorías del Parlamento Europeo seguirá trabajando para revertir esta negativa. “Para empezar el intergrupo de minorías del parlamento va a enviar una carta solicitando a la Comisión que reconsidere su posición. Además, vamos a animar a que hagan llegar su decepción a Bruselas todas las organizaciones que se implicaron para recoger las 1.200.000 firmas que apoyaron el Minority Safe Pack. Igualmente hemos enmendado ya el informe que elabora el Parlamento para revisar las competencias de la agencia europea sobre derechos fundamentales. Nuestro objetivo, que incluyan entre sus preocupaciones las discriminaciones que afectan a las personas miembros de las minorías nacionales europeas. Y por supuesto, vamos a seguir apoyando cada iniciativa que insista en estas peticiones como la que todavía está en proceso de recogida de firmas y que plantea diversas actuaciones para apoyar a nivel comunitario las “regiones nacionales”.
Filed under: PARLAMENTO EUROPEO | Comentarios desactivados en EAJPNV PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA MENOS MIEDO Y MAS EMPATIA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS MINORIAS
El titular de la cartera europea de Justicia ha subrayado esta semana los límites que deben observarse para usar legalmente en la Unión Europea datos como los contenidos en el fichero “SINVES -AQUILA” en el que la Guardia Civil almacena y trata datos sobre personas “sospechosas de conductas subversivas o antisistema”. El Comisario Didier Reynders explica que los interesados mantienen los derechos de acceso y rectificación que se reconocen en la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal. Igualmente recuerda que datos procedentes de este tipo de archivos no pueden ser utilizados en procedimientos administrativos. Bruselas inicio en 2019 un procedimiento de infracción contra España por no haber traspuesto las previsiones de esta directiva en el plazo legalmente establecido.
Estas consideraciones figuran en el texto de la respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por la Eurodiputada vasca Izaskun Bilbao Barandica realizada tras tenerse conocimiento de la existencia de este archivo y ante la sospecha de que datos custodiados en el mismo fuesen el origen de algunas actuaciones administrativas como la que condujo al despido improcedente por parte de Iberia del portavoz de la asociación Kontuz, Patxi Zamora. El caso ya originó otra iniciativa parlamentaria de la eurodiputada jeltzale, fue objeto de atención por parte de la anterior comisaria de transporte y ha originado una queja del propio interesado ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. En la misma se solicita a este grupo de trabajo parlamentario que analice el actual Reglamento Europeo sobre seguridad aérea pues su actual redacción ha permitido amparar un procedimiento administrativo en el que el afectado no tuvo derecho al procedimiento contradictorio habitual para poder conocer y refutar los datos que originaron su despido. En los últimos meses han aparecido más afectados por este tipo de actuaciones que estudian llevar el asunto ante el Defensor del Pueblo Europeo (ombudsman)
En su iniciativa la Eurodiputada vasca explicaba que el archivo SINVES‑Aquila, custodiado por la Guardia Civil contiene datos sobre personas que pueden tener relación con actividades «subversivas o antisistema». Recordaba que al amparo de la Directiva (UE) 2016/680 (Protección de datos en el proceso penal), este fichero debería utilizarse únicamente para la «prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública».
A continuación, exponía su sospecha de que datos almacenados en este archivo podrían ser la fuente de “actuaciones administrativas como las detalladas en la pregunta con solicitud de respuesta escrita E‑005173/2018” (caso Patxi Zamora). Además, denunciaba que “los interesados no reciben respuesta cuando invocan sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos presuntamente allí recogidos, derechos detallados en el capítulo III de la Directiva, aunque exista constancia de que dichos datos no están dando lugar a una investigación penal bajo control judicial.
Por estas razones la eurodiputada vasca se interesaba por el tratamiento legal de los datos de un archivo como el “Aquila” cuyos responsables utilizan para describirlo un concepto más político que penal: datos sobre «personas subversivas o antisistema». Igualmente preguntaba si pueden utilizarse datos de este fichero para respaldar actuaciones administrativas contra personas incluidas en él. Finalmente se interesaba sobre el respeto a los derechos de acceso y rectificación que caben a las personas incorporadas en este tipo de archivos.
En su respuesta el comisario destaca que según la directiva que regula el uso de este tipo de archivos destinados al tratamiento de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales “no podrán ser tratados posteriormente con fines administrativos, a menos que dicho tratamiento esté autorizado por el Derecho de la Unión o nacional. Si este es el caso, el tratamiento de datos personales a efectos de procedimientos administrativos entra en el ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos (RGPD), a menos que el tratamiento se lleve a cabo en el transcurso de una actividad que no entra en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”. El caso que suscitó la iniciativa evidentemente se encuentra en este ámbito pues trae causa de la aplicación del reglamento europeo sobre seguridad aérea.
Igualmente, el comisario recuerda que “los interesados tienen derecho de acceso a los datos personales que les conciernan. Este derecho solo puede limitarse mediante una medida legislativa nacional y en la medida y durante el tiempo en que dicha restricción cumpla un estricto conjunto de requisitos establecidos por la Directiva. Cuando se deniega el derecho de acceso, el interesado tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad nacional de protección de datos o de interponer un recurso judicial ante el órgano jurisdiccional nacional competente.” Reynders recuerda que la responsabilidad de garantizar estos derechos es de los estados Miembros, sin perjuicio de las competencias de la Comisión como garante de los Tratados”.
El titular de la cartera europea de Justicia ha subrayado esta semana los límites que deben observarse para usar legalmente en la Unión Europea datos como los contenidos en el fichero “SINVES -AQUILA” en el que la Guardia Civil almacena y trata datos sobre personas “sospechosas de conductas subversivas o antisistema”. El Comisario Didier Reynders explica que los interesados mantienen los derechos de acceso y rectificación que se reconocen en la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal. Igualmente recuerda que datos procedentes de este tipo de archivos no pueden ser utilizados en procedimientos administrativos. Bruselas inicio en 2019 un procedimiento de infracción contra España por no haber traspuesto las previsiones de esta directiva en el plazo legalmente establecido.
Estas consideraciones figuran en el texto de la respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por la Eurodiputada vasca Izaskun Bilbao Barandica realizada tras tenerse conocimiento de la existencia de este archivo y ante la sospecha de que datos custodiados en el mismo fuesen el origen de algunas actuaciones administrativas como la que condujo al despido improcedente por parte de Iberia del portavoz de la asociación Kontuz, Patxi Zamora. El caso ya originó otra iniciativa parlamentaria de la eurodiputada jeltzale, fue objeto de atención por parte de la anterior comisaria de transporte y ha originado una queja del propio interesado ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. En la misma se solicita a este grupo de trabajo parlamentario que analice el actual Reglamento Europeo sobre seguridad aérea pues su actual redacción ha permitido amparar un procedimiento administrativo en el que el afectado no tuvo derecho al procedimiento contradictorio habitual para poder conocer y refutar los datos que originaron su despido. En los últimos meses han aparecido más afectados por este tipo de actuaciones que estudian llevar el asunto ante el Defensor del Pueblo Europeo (ombudsman)
En su iniciativa la Eurodiputada vasca explicaba que el archivo SINVES‑Aquila, custodiado por la Guardia Civil contiene datos sobre personas que pueden tener relación con actividades «subversivas o antisistema». Recordaba que al amparo de la Directiva (UE) 2016/680 (Protección de datos en el proceso penal), este fichero debería utilizarse únicamente para la «prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública».
A continuación, exponía su sospecha de que datos almacenados en este archivo podrían ser la fuente de “actuaciones administrativas como las detalladas en la pregunta con solicitud de respuesta escrita E‑005173/2018” (caso Patxi Zamora). Además, denunciaba que “los interesados no reciben respuesta cuando invocan sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos presuntamente allí recogidos, derechos detallados en el capítulo III de la Directiva, aunque exista constancia de que dichos datos no están dando lugar a una investigación penal bajo control judicial.
Por estas razones la eurodiputada vasca se interesaba por el tratamiento legal de los datos de un archivo como el “Aquila” cuyos responsables utilizan para describirlo un concepto más político que penal: datos sobre «personas subversivas o antisistema». Igualmente preguntaba si pueden utilizarse datos de este fichero para respaldar actuaciones administrativas contra personas incluidas en él. Finalmente se interesaba sobre el respeto a los derechos de acceso y rectificación que caben a las personas incorporadas en este tipo de archivos.
En su respuesta el comisario destaca que según la directiva que regula el uso de este tipo de archivos destinados al tratamiento de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales “no podrán ser tratados posteriormente con fines administrativos, a menos que dicho tratamiento esté autorizado por el Derecho de la Unión o nacional. Si este es el caso, el tratamiento de datos personales a efectos de procedimientos administrativos entra en el ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos (RGPD), a menos que el tratamiento se lleve a cabo en el transcurso de una actividad que no entra en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”. El caso que suscitó la iniciativa evidentemente se encuentra en este ámbito pues trae causa de la aplicación del reglamento europeo sobre seguridad aérea.
Igualmente, el comisario recuerda que “los interesados tienen derecho de acceso a los datos personales que les conciernan. Este derecho solo puede limitarse mediante una medida legislativa nacional y en la medida y durante el tiempo en que dicha restricción cumpla un estricto conjunto de requisitos establecidos por la Directiva. Cuando se deniega el derecho de acceso, el interesado tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad nacional de protección de datos o de interponer un recurso judicial ante el órgano jurisdiccional nacional competente.” Reynders recuerda que la responsabilidad de garantizar estos derechos es de los estados Miembros, sin perjuicio de las competencias de la Comisión como garante de los Tratados”.
El blog de Manu Legarreta 