La eurodiputada de EAJ-PNV Izaskun Bilbao Barandica ha informado hoy que se ha abstenido en las votaciones de todos los informes sobre el pacto migratorio, excepto en los referidos a reasentamiento y acogida de solicitantes de protección internacional, porque sigue primando la desconfianza hacia los que llegan sobre el respeto de sus derechos fundamentales, porque debería apostar por una verdadera cooperación al desarrollo en los países de origen y porque falta una integración efectiva de ciudades y regiones en los procesos de decisión. Este nivel de gobernanza es el que acoge, gestiona la integración y presta los servicios a quienes llegan, ha señalado y es clave para humanizar este proceso.
El Parlamento Europeo ha votado hoy los reglamentos y directivas que traducen en legislación comunitaria el pacto migratorio que, tras años de trabajo se alcanzó a final de año entre los estados miembros. Todas estas normas están interrelacionadas entre sí por lo que el debate de esta mañana se ha referido a la totalidad del paquete legislativo.
La eurodiputada jeltzale ha explicado su abstención en las votaciones tras reconocer que las normas que forman desarrollan este acuerdo “aportan mejoras sobre lo que tenemos hoy. Se establece por primera vez, ha dicho, un derecho europeo sobre este problema que obliga a todos los estados y evita soluciones unilaterales. Además, establece un mecanismo de solidaridad para atender emergencias generadas por llegadas masivas y mejora también el tratamiento que reciben los menores no acompañados y el derecho al reagrupamiento familiar. También pone las bases para un reparto real de la responsabilidad de acogida entre todos los estados miembros”.
Pero estas virtudes no sortean definitivamente otros problemas. En todos los informes “todavía persisten de manera horizontal, explica la eurodiputada vasca, tres cuestiones que nos gustan mucho menos. La primera, la desconfianza hacia los que llegan. Pesan demasiado las consideraciones sobre la seguridad y se mantienen riesgos para la vulneración arbitraria de derechos fundamentales”.
Igualmente, destaca Izaskun Bilbao Barandica, faltan precisiones “potentes, concretas y operativas a la cooperación al desarrollo con los países de origen para que nadie se vea obligado a abandonar su tierra porque no tiene nada que perder. También reconocer y proteger el papel de las organizaciones no gubernamentales que apoyan en la recepción y acogida”.
Finalmente, y en coherencia con las reivindicaciones jeltzales durante toda la legislatura “lamentamos que en todo el paquete no se apueste de manera más decidida por reconocer el papel de ciudades y regiones en el tratamiento de este problema. Las ciudades y regiones somos protagonistas en la acogida, la integración y la prestación de servicios. Dar entrada en la decisión de estas políticas y en el diseño y reparto de los mecanismos financieros europeos, es un paso decisivo para humanizar las políticas de inmigración. Por eso no podemos apoyar este paquete legislativo”.
La Comisión Europea ha decidido activar las competencias de le otorga el nuevo reglamento sobre transporte de residuos para intensificar la coordinación entre las autoridades competentes en España y Francia tras tener conocimiento, a través de una iniciativa de la eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao Barandica del negocio que supone el traslado de residuos sin tratar entre ambos países. La diferencia de costes de tratamiento a uno y otro lado de la frontera anima a algunas instancias del país vecino a camuflar residuos sin tratar en camiones que los depositan luego en vertederos del estado español sin que oficialmente haya constancia de que sean efectivamente sometidos a los tratamientos que legalmente deben aplicarse.
En su respuesta, el ejecutivo comunitario señala el origen de sus competencias para intervenir en este asunto en El nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos. Esta norma legal “establece un grupo de control de la conformidad de los traslados de residuos de la UE para seguir intensificando la cooperación entre las autoridades medioambientales, aduaneras, policiales y otras autoridades nacionales de inspección pertinentes, así como con las redes policiales internacionales y de la UE”. Además “faculta a la Comisión, a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, para apoyar las investigaciones transnacionales de los Estados miembros sobre el tráfico de residuos. En tercer lugar, subraya Bruselas, refuerza las normas sobre inspecciones y sanciones contra los traslados ilícitos de residuos”. A juicio del ejecutivo comunitario, la existencia de criterios comunes para determinar los tipos y niveles de sanciones aplicables a las infracciones “hará que sean más disuasorias y se apliquen de manera coherente en toda la UE. La aplicación por parte de las autoridades nacionales es esencial para garantizar la eficacia de las normas de la UE”.
La iniciativa de Izaskun Bilbao barandica se hacía eco del resultado de varias operaciones policiales que permitieron destapar este tráfico irregular. En la pregunta parlamentaria se recordaba que tras la puesta en marcha de controles aleatorios sobre camiones de transporte de residuos que circulan en Francia con dirección a España se había comprobado que “uno de cada tres comete irregularidades graves o muy graves”.El modus operandi más frecuente consiste en “ocultar con residuos tratados y legalmente transportables otros que deberían haber sido procesados en el Estado de origen.
El «negocio» que anima estas prácticas, describía la eurodiputada vasca, “estriba en que el coste del tratamiento en España es seis veces inferior al que se paga en Francia, lo que proporciona grandes beneficios a las empresas que realizan estos portes en vez de recoger y tratar los residuos en origen”. Esta forma de proceder propicia que acaben enterrados en los vertederos de destino, sin tratar, productos muy contaminantes. “Aunque el control final de este proceso corresponde a las autoridades nacionales, reconocía Izaskun Bilbao Barandica, el carácter transfronterizo de este «negocio» anima a una intervención comunitaria”
Sobre esa base la eurodiputada jeltzale se interesaba por el seguimiento que ha realizado la Comisión sobre estas prácticas y el margen de que dispone para estimular una mejor cooperación entre los Estados miembros para erradicarlas. Finalmente se preguntaba si podría modificarse la legislación para evitarlas.
La Comisión afirma en su respuesta que no tenía conocimiento del por lo que no ha tomado medidas concretas al respecto, “pero se pondrá en contacto con las autoridades competentes de los Estados miembros interesados”.
El ejecutivo comunitario destaca que la lucha contra el tráfico de residuos “es una prioridad de la política general de la UE contra la delincuencia organizada y la protección del medio ambiente, incluida la nueva Directiva sobre delitos contra el medio ambiente”. Para conseguirlo se arbitran medidas destinadas a “mejorar la cooperación entre los organismos de ejecución de los Estados miembros, así como con la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, Europol y organizaciones internacionales”. La UE también facilita cuantiosas ayudas financieras a proyectos operativos “que se ocupan directamente del tráfico de residuos, centrándose en determinados flujos de aquellos, tales como los residuos plásticos o los residuos electrónicos, así como en la coordinación con terceros países”.
“Este fraude, al parecer tan frecuente como lucrativo, ha destacado Izaskun Bilbao Barandica, es un indicador de lo importante que es la coordinación y la aplicación eficiente del nuevo reglamento sobre traslado de residuos. Aunque el control está en manos de los estados miembros, cuando se producen este tipo de incidentes transnacionales hay que estrechar la coordinación y las inspecciones y las sanciones. Aplicarse con el mismo celo en toda la Unión es bueno para el medio ambiente y puede ayudar a corregir disfunciones en el mercado interior y en la fiscalidad que se aplica al reciclado de residuos que están en el origen de este problema. Estamos ante un fraude de ley, un negocio corrupto y una amenaza contra el medio ambiente que abordaremos mejor con esta coordinación europea”.