EAJ-PNV EXIGE QUE BRUSELAS INVESTIGUE A ESPAÑA POR LA REITERACIÓN DE CONDENAS POR TORTURAS

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 EAJ-PNV quiere saber si las reiteradas condenas que ha recibido España en los últimos tiempos por no investigar delitos de torturas y su negativa a cumplir decisiones marco como la que obliga  reconocer las penas cumplidas en otros países preocupan en Bruselas. La Comisión se dotó en 2014 de un marco para salvaguardar el estado de derecho que se activa ante posibles casos de amenaza sistémica contra el mismo. La eurodiputada Izaskun Bilbao Barandica considera que las recientes advertencias del Comité contra la Tortura de la ONU y la propia Comisión Europea por los episodios citados son elementos suficientes para, al menos iniciar una investigación sobre España por estas cuestiones.

 En su iniciativa la eurodiputada jeltzale recuerda que la Comisión Europea adoptó el 11 de marzo de 2014 un marco para salvaguardar el Estado de Derecho en la Unión Europea. Este procedimiento establece mecanismos concretos para prevenir, detectar y neutralizar amenazas sistémicas contra las libertades y derechos recogidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El marco anima, ante situaciones de posible amenaza, a un diálogo entre Comisión y estado miembro afectado, destinado a encontrar soluciones que restauren los valores de la Unión y eviten recurrir a las previsiones de sanción establecidas en el artículo siete de los tratados. Este diálogo se inicia con una investigación europea y continúa con la redacción de unas recomendaciones para subsanarla y un seguimiento comunitario del cumplimiento de las mismas por parte del estado miembro.

En coordinación con la iniciativa planteada esta misma semana por los jeltzales en el Congreso, la Vice presidenta del grupo ALDE informa al ejecutivo comunitario que “el reino de España ha sido condenado en los últimos tiempos en cinco ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias por torturas. Igualmente ha promulgado leyes retroactivas centradas en impedir la aplicación de decisiones marco vinculadas al reconocimiento entre miembros de la UE de sus sistemas de justicia penal. Dicha reforma ha propiciado que esta misma semana el Tribunal Supremo anulase una decisión de la Audiencia Nacional que si aplicaba los principios recogidos en la disposición comunitaria que como toda decisión marco ha sido suscrita por todos los estados miembros. La decisión se produjo pese a un pronunciamiento explícito del propio gobierno europeo recordando que  “de conformidad con el artículo 17 apartado 2, de la Decisión marco, la autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia”.

 A juicio de Izaskun Bilbao Barandica la Comisión debería juzgar significativo que ante la reiteración de sentencias condenatorias el Comité contra la Tortura de la ONU haya advertido por este comportamiento al Reino de España. Igualmente considera un ejercicio de coherencia interesarse por el incumplimiento en España del reconocimiento de penas cumplidas en otros estados. Estos hechos a juicio de los jeltzales plantean dudas sobre la seguridad jurídica en España (elaboración reiterada de leyes con efectos retroactivos). Igualmente aportan signos de que se están produciendo decisiones arbitrarias del poder ejecutivo en un campo directamente relacionado con el disfrute de derechos humanos básicos. Finalmente las propias sentencias de Estrasburgo aluden a una preocupante ausencia del necesario control jurisdiccional independiente y efectivo de delitos tan graves como el de la tortura.

 Por ello EAJ-PNV, que ya propuso en Estrasburgo generalizar en toda Europa el sistema de grabación en calabozos de que dispone la Ertzaintza, para prevenir la tortura, quiere saber si este conjunto de preocupantes indicios “merecen al menos iniciar la recogida de datos y evaluación prevista en este marco de salvaguarda para valorar si existe una amenaza grave contra el estado de derecho”. Los jeltzales quieren saber, en caso de respuesta negativa, como justifica la Comisión no poner en marcha los procedimientos previstos ante hechos de esta gravedad.

 Izaskun Bilbao Barandica ha insistido hoy que el Premio Nobel de la Paz recibido por las instituciones europeas debería animarles a tomar una actitud más visible y activa ante situaciones que empiezan a tomar un preocupante cariz, especialmente ahora que uno de sus vicepresidentes se dedica expresamente a esta tarea.  “Planteamos esta iniciativa para que la Comisión Europea active las herramientas que tiene para, al menos pedir datos a España, ante estas alteraciones del estado de derecho. Hay sentencias europeas reiteradas por no investigar torturas y un aviso de la ONU por ello. La propia Comisión ha dicho que hay que reconocer las penas cumplidas en otros países. Esta misma semana el Tribunal Supremo ha ignorado ésta advertencia. Encima llueve sobre mojado. En Estrasburgo todo el mundo recuerda que las máximas autoridades judiciales españolas ampararon la llamada doctrina Parot, cuando todos los expertos decían que era una auténtica chapuza. Creo que la Comisión tiene competencias y mecanismos para decirles a las autoridades judiciales y al gobierno español que en la carta Europea de los Derechos Fundamentales no caben estos comportamientos».